CONCLUSIONES DEL AREA REFERENTE A LOS DERECHOS CIVILES

Y LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Los diferentes talleres que se han celebrado en este área han llegado a una serie de conclusiones que recogen diferentes modalidades de violaciones y restricciones de los derechos civiles y políticos por parte de los Estados español y francés contra el pueblo vasco.

En primer lugar, ambos estados han explotado la retórica “antiterrorista” en beneficio de sus propios intereses políticos, pretendiendo así justificar y legitimar en esa retórica su lucha contra la oposición o disidencia política. Esto ha llevado a priorizar el concepto de seguridad sobre el de libertad, asegurando así la represión contra estos movimientos sociales o políticos legítimos. En ese sentido la agresión se ha producido contra los derechos individuales de las personas y contra las libertades públicas o políticas.

Refiriéndonos a los derechos individuales, se identifica la legislación especial antiterrorista como principal fuente de vulneraciones de personas detenidas, proporcionando cobertura a la práctica de la tortura y a los malos tratos. En este sentido se recogen los nueve puntos del TAT (Torturaren Aurkako Taldea) como el núcleo básico para la erradicación de la tortura. Entre ellos habría que subrayar la necesidad de la supresión de la utilización de la detención incomunicada, la retirada de las competencias de la Audiencia Nacional como Tribunal excepcional antiterrorista y la supresión de mecanismos de impunidad ante la tragedia de la tortura. También los presos políticos vascos sufren directamente de estas prácticas excepcionales, vulnerándose sus derechos como personas presas, como ciudadanos y como agentes políticos. En este sentido, se considera prioritario el respeto de sus derechos, entre ellos el de permanecer en cárceles en Euskal Herria, así como su reconocimiento de colectivo político.

También los grupos políticos y sociales sufren de la represión por la violación de sus derechos políticos, principalmente la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de opinión, el derecho de asociación e incluso el derecho al sufragio activo y pasivo, lo cual, por ser derechos colectivos, afecta a toda la sociedad vasca. La forma en que estas medidas han sido diseñadas, unas veces introducidas por una reforma legislativa (ejemplo de la reforma 6/2002 de la Ley de Partidos Políticos) y otras por una nueva interpretación abusiva de la ley (la conocida como “teoría Garzón” y todas las actuaciones fraudulentas dirigidas a que esta teoría encuentre “acomodo legal”) demuestra su excepcionalidad y la voluntad evidente de castigar a un sector concreto de la población.

Esta situación ha supuesto además que la separación de poderes en el Estado español ha debido de ceder en beneficio de este interés político. El poder judicial se ha plegado definitivamente ante el ejecutivo y legislativo, imposibilitando completamente su independencia y, en definitiva, el acceso a una justicia efectiva para denunciar la violación de los derechos anteriormente mencionados y garantizar la rehabilitación de los afectados por esas violaciones.

Todos esto viene a demostrar la existencia de un conflicto político, cuya resolución habrá de ser evidentemente política. Todo pueblo tiene derecho a decidir su futuro, así como a defenderse de las agresiones que sufra, destacándose entre ellas la “desobediencia civil”. El respeto a la decisión y el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo vasco, así como a la transformación de los sistemas pseudo-democráticos actuales hacia una verdadera democracia participativa será la verdadera llave de resolución. En este punto, será vital además la amnistía del colectivo de presos políticos.

Además, incidiendo en la cuestión de la participación real del pueblo en la toma de decisiones, esta participación habrá de ser trascendental en la orientación de recursos y el diseño de objetivos sociales. Apoyamos las formas de participación concretas y las experiencias dirigidas a incidir en la participación ciudadana. Es necesario reeducarnos en este proceso de participación ciudadana y buscar la interconexión de las diferentes luchas locales.

En esta voluntad de profundizar en la democracia, queremos referirnos al recorte de los derechos laborales y a la necesidad de la transformación de las condiciones sociales. Para ello reconocemos prioritario recuperar la capacidad de decisión para las clases populares y la construcción de un nuevo sujeto colectivo, unido por algo más que el mero interés económico. Exigimos la participación de los trabajadores en los ámbitos de decisión y negociación de las condiciones laborales y rechazamos la supeditación de la persona a los planes del capital, propugnando criterios de decisión alternativos, distintos de criterios economicistas. Para ello, nos oponemos a cualquier tipo de discriminación en el trabajo y reivindicamos el ejercicio pleno de los derechos sociales y sindicales.

Por último, queremos reconocer el enfrentamiento con los derechos sociales, económicos y con criterios de respeto al medioambiente de los modelos globales de control de drogas basados en la prohibición. Consideramos además que son germen de violación de derechos humanos y de soberanía nacional. Para ello, es preciso evaluar el impacto de las políticas de drogas, teniendo en cuenta la opinión de todos los sectores afectados. Es necesario desarrollar modelos propios para la regulación legal de la producción, comercio y uso de drogas como alternativa al modelo único impuesto por los Estados Unidos. Creemos necesaria la creación de un Foro Sectorial, convocado por el Foro Social de Euskal Herria sobre este fenómeno.